Tras una orden de la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México (CSJN), realizado en agosto pasado, el Congreso de Aguascalientes modificó tres artículos del Código Penal que permite la despenalización del aborto. La Corte declaró declaró inconstitucionales las penas de prisión para las personas que voluntariamente practiquen la interrupción del embarazo. Esta medida fue posible debido a un amparo pedido por varias organizaciones civiles.

Aguascalientes es una localidad ubicada en el centro del país, a 480 km. de la Ciudad de México. El Congreso local votó una modificación por la cual fue impugnado el artículo 101 del Código Penal, que establecía que había sanciones para aquellas mujeres o personal de salud que realicen la práctica del aborto. Además, la persona responsable de la interrupción del embarazo podría recibir una condena de seis meses hasta un año de prisión, así como un pago total por la reparación del daño. Por su parte, la persona que diera el consentimiento recibiría una multa por el hecho.

Además, el Congreso de Aguascalientes impugnó el artículo 102, en donde se tipificaban las penas para el personal de salud que participara de dichas prácticas de interrupción de embarazos. Por último fue impugnado el artículo 103, el cual establecía aspectos sobre las exclusiones de las penas respecto al aborto doloso. De esta forma la marea verde sigue creciendo en el mundo y en México, donde una nueva ciudad se suma a las que ya despenalizaron la práctica del aborto.

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