singapur LEY QUE CASTIGA LA HOMOSEXUALIDAD

SINGAPUR DEROGARÁ LA LEY QUE CASTIGA LA HOMOSEXUALIDAD

SINGAPUR DEROGARÁ LA LEY QUE CASTIGA LA HOMOSEXUALIDAD

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, anunció que derogará la ley que castiga la homosexualidad contemplada en el Código Penal del país como una “inecencia grave”, pero enmendará la Constitución para proteger el matrimonio entre el hombre y la mujer.

El mandatario del país asiático declaró a la agencia de noticias Europa Press que la decisión se debe a que las actitudes hacia la comunidad LGBTIQ+ por parte de la sociedad han cambiado “considerablemente”, por lo que es oportuno despenalizar las relaciones entre el mismo sexo que eran penadas con hasta 2 años de prisión. El Presidente reconoció que las personas LGBTIQ+ son mejor aceptadas entre los jóvenes, aunque la sociedad en Singapur sigue siendo “ampliamente conservadora”.

De todos modos Lee Hsien Loong destacó que aunque derogen la ley que castiga la homosexualidad, Singapur «solo reconoce los enlaces matrimoniales entre un hombre y una mujer», dejando en claro que no se contempla la idea de una norma que apruebe el matrimonio igualitario.

La comunidad LGBTIQ+ desde hace tiempo denuncian que la ley que se derogará choca con la cultura del ciudad Estado cada vez más moderna. Incluso habían presentado dos recursos ante la justicia para eliminarla pero no lo lograron. Con el anuncio de hoy, activistas por los derechos de los homosexuales expresaron su “alivio” por la derogación de la norma.

Además consideran que «la derogación de la Sección 377A es el primer paso en el largo camino hacia la plena igualdad de las personas Lgbtq+ en Singapur», según lo expresaron mediante un comunicado firmado por más de 20 grupos.

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En el día de ayer, viernes 19 de agosto, el fiscal Sergio Antín pidió 26 años de cárcel para Ezequiel Benítez, el policía que asesinó a Lucas Verón, y 4 años para Cintia Duarte, la oficial que lo acompañaba la noche de los sucesos. Por su parte, la querella de la familia de Verón, a cargo de la Comisión Provincial por la Memoria, solicitó 33 años para Benítez por el homicidio y 4 años por la tentativa de homicidio de Gonzalo -quien acompañaba a Lucas esa noche-, y de 4 a 6 años para Duarte. 

El juicio comenzó el pasado miércoles 17 de agosto. Luego de más de 19 horas de debate, esa jornada se declaró culpables a lxs oficiales Cintia Duarte y Ezequiel Benítez. También se los condenó por la tentativa de homicidio de Gonzalo Aguirre, quien acompañaba esa noche del 10 de julio de 2020 a Lucas a comprar una gaseosa en Villa Scasso, González Catán, Partido de La Matanza.

Lucas Veron

Durante toda la jornada se manifestaron organizaciones sociales, partidos, autoconvocadxs, familia y amigxs dentro y fuera de la Universidad Nacional de La Matanza donde se llevó adelante el juicio. «Lo asesinaron por ser morocho, pobre de barrio humilde», fue una de las reflexiones que más hizo eco.

Durante el juicio, 12 testigos dieron su testimonio sobre lo que ocurrió la noche en que mataron a Lucas. Muchxs de ellos relataron cómo los oficiales lo asesinaron e hirieron a Gonzalo y cómo, las mismas fuerzas represivas, ignoraron el pedido de ayuda de la familia para trasladar al herido al hospital.

«Anhelaba llegar a los 18 años, tenía muchos proyectos» mencionó su familia emocionada. Al finalizar la jornada, en las afueras del salón donde se llevó adelante el juicio, lxs autoconvocadxs gritaron «Lucas, presente» sosteniendo la bandera que lxs acompaña desde hace mas de dos años, y donde se puede leerse “Paren de asesinarnos”.

Fuente: La Retaguardia

Videos: Natalia Aguilar

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DOCENTES RESPONSABILIZAN AL GOBIERNO PORTEÑO POR LA MUERTE DE UNA NIÑA DE 11 AÑOS

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Hace unos días se conoció la terrible noticia del fallecimiento de una niña de 11 años por problemas de desnutrición tras descompensarse en la escuela N° 11 D.E. 5 «República de Haití» de Barracas. Sus docentes responsabilizan al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el colegio emitieron un comunicado donde explican que la niña vivía en situación de vulnerabilidad. “Ya en los primeros días de su ingreso a la escuela se pidió la intervención del EOE (Equipo de Orientación Escolar) debido a la clara vulnerabilidad de derechos que atravesaba la niña y su familia», dice la carta de la institución.

Además, en el escrito, indican que “en los años 218 y 2019 se presentó un certificado médico que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda”, pero que no se otorgó. “Recién en el año 2020 la EOE deriva su situación (la de la niña) y solicita la intervención a la Defensoría zonal”, revela el documento. Luego continúa: “Esta solicitud se reiteró en el año 2021 y se actualizó en 2022, pero al día de la fecha, a la escuela nunca se la informó si hubo alguna intervención de dicho organismo”.

El pasado 12 de agosto la niña se descompensó en la escuela y tras 2 llamadas al SAME y una hora de espera, fueron sus padres quienes tuvieron que llevarla hasta la guardia del Hospital Penna donde falleció al día siguiente. “Las maestras y maestros de la escuela señalamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como principal responsable de la muerte de nuestra estudiante”, sentencia la carta.

El caso de esta niña no es aislado en el contexto que se vive a nivel nacional, donde más de un 1 millón de niñxs y adolescentes se saltean una comida al día, según una encuesta presentada por Unicef. Es preocupante la situación de vulnerabilidad de las infancias en un país donde las Canastas Básicas de pobreza e indigencia aumentan mes a mes y la última medición del INDEC en 2021 marcó que el 37,2% de la población es considerada pobre en la Argentina y el 8,2% vive en condiciones de indigencia. El estado debe atender esta deuda de manera inmediata.

Imagen: Escuela N° 11 D.E. 5 «República de Haití» de Barracas | GOOGLE STREET VIEW

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COMIENZA EL JUICIO POR EL ASESINATO DE LUCAS VERÓN

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Este martes 16 y miércoles 17 de agosto comienza el juicio por el asesinato de Lucas Verón. Las audiencias se realizarán  en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de La Matanza, situado en el Patio de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza. Se juzgará  a los oficiales Cintia Duarte y Ezequiel Benítez  imputados por el «homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad y por el uso de arma de fuego» y por “tentativa de homicidio” contra Gonzalo, el amigo de Lucas.

Lucas Verón fue asesinado el 10 de julio de 2020, el día de su cumpleaños número 18. Esa madrugada salió de su casa para hacer unas compras en el kiosco del barrio, en la localidad de González Catán, partido de La Matanza, junto a su amigo Gonzalo. Ambos fueron perseguidos y baleados por dos agentes de la policía bonaerense, Ramón Ezequiel Benítez, y su pareja, la oficial Cintia Duarte. Lucas murió en el acto por un disparo en el pecho y Gonzalo consiguió escapar para avisar a la familia.

Lucas Veron

Tras el asesinato la fuerza policial buscó instalar la versión de que los jóvenes estaban robando en el momento de la persecución y el asesinato. Esta estrategia de encubrimiento implicó amenazas y detenciones arbitrarias a ambas familias, y a Gonzalo, obligándolo a cambiar su declaración para autoincriminarse.

Por estas maniobras de encubrimiento se esperan otros dos juicios, aunque ninguno de los dos tiene fecha de inicio. Uno por la actuación del fiscal Juan Pablo Tathagian; y el otro por amenazas, privación ilegítima de la libertad y falso testimonio contra los efectivos policiales que intentaron garantizar la impunidad de los asesinos: Diego Ocampos, Daniel Quinteros Y maría Giselle Genez.

Lucas Veron

La familia de Lucas pidió a la comunidad de La Matanza y a las organizaciones de Derechos Humanos que acompañen con su presencia este martes 16 y miércoles 17 de agosto en las audiencias para ejercer mayor presión y poder finalmente encarcelar a lxs asesinxs de su hijo.

Fuente y fotos: Comisión Provincial por la Memoria

Mural de la foto: Chelo Candia

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A 2 AÑOS DE LA APARICIÓN SIN VIDA DE FACUNDO ASTUDILLO CASTRO

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El 15 de agosto de 2020 apareció el cuerpo sin vida de Facundo Astudillo Castro, quien se encontraba desaparecido desde el 30 de abril del mismo año, en plena vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el gobierno nacional durante la pandemia del Covid_19.

La madre de Facundo y la querella denuncian que lo sucedido se trató de una desaparición forzada seguida de muerte en manos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, ya que la policía de Mayor Buratovich había detenido al joven en dos ocasiones diferentes, le tomaron fotos y le labraron un acta por violar el DNU que establecía el ASPO.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FACUNDO ASTUDILLO CASTRO: 2 AÑOS SIN JUSTICIA

Según figura en la causa, Facundo fue detenido por lxs policías Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca. También se sabe que lxs efectivos que lo pararon por segunda vez estaban a cargo del teniente 1° Alberto González.

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SE CONOCERÁ EL VEREDICTO DEL JUICIO AL GRUPO DE TAREAS DEL REGIMIENTO 6 DE MERCEDES

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En el día de hoy, miércoles 10 de agosto, en los tribunales de Comodoro Py se conocerá el veredicto del juicio a los integrantes del Regimiento 6 de Mercedes, que intervinieron en 1976 en los secuestros de militantes del PRT ERP que conformaban los equipos de redacción, edición, impresión y distribución de sus publicaciones.

A las 14.30 horas serán las súplicas de la defensas, a las 16 horas hablarán los imputados y a las 18 horas comenzará la lectura del veredicto. En una decisión bastante irregular el Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Javier Feliciano Ríos y la fiscal federal María Ángeles Ramos, estableció que la presencia de los procesados sea optativa, además de permitir expresarse a los procesados y no a la querella.

Veredicto

El debate iniciado a fines del años pasado juzgó a los responsables del homicidio de Jorge Emilio Arancibia y las privaciones ilegales de la libertad de Rocío Ángela Martínez Borbolla, Pedro Oscar Martucci, Pablo Pavich y de un joven militante que no pudo ser identificado, que fue también víctima de tormentos y desaparición en la Imprenta de San Andrés del PRT (julio de 1976). , entre ellos Rocío Martínez Barbolla, madre de Bárbara y Camilo García.

Los acusados son los ex subtenientes Emilio Pedro Morello, quien estuvo a cargo de la Sección de Tiro de la Compañía de Infantería A; Luis Alberto Brun, quien tuvo a su cargo la Sección Apoyo de la Compañía de Infantería B; Martín Eduardo Sánchez Zinny, a cargo entonces de la Sección Tiro de la Compañía C; Horacio Linari, quien tuvo a su cargo la Sección Tiro de la Compañía de Infantería A; y Rubén Osmar Andrade, ex cabo 1ro, jefe de grupo de la a cargo de la Sección Tiro de la Compañia A. Morello y Sánchez Zinny además formaban parte de los grupos carapintadas que en 1987, bajo el mando de Aldo Rico, atentaron contra la democracia e intentaron realizar un Golpe de Estado a Raúl Alfonsín, en los episodios conocidos como “Semana Santa”.

Tanto la fiscalía como las querellas solicitaron condena perpetua para los acusados, en tanto se los considera coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Arancibia. A su vez, por privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público agravada por mediar violencia o amenazas en perjuicio de dos víctimas -Pavich y la persona no identificada- e imposición de tormentos, agravada por su condición de perseguido político, en el caso de la persona no identificada.

A Sánchez Zinny también lo acusaron por la privación ilegal de la libertad cometida con las mismas agravantes en perjuicio de Martínez Borbolla y Martucci. En el petitorio final, requirieron que el tribunal revoque las prisiones domiciliarias de Morello, Brun, Zinny y Linari y se requirió la extracción de testimonios para investigar los delitos que sufrieron Bárbara y Camilo García en el secuestro de su madre y la responsabilidad de otros militares en los hechos. Estaban imputados al comienzo del juicio el ex jefe del Regimiento de Infantería N°6 (RI6), entonces coronel Alberto Ramón Schollaert y el exteniente primero a cargo de la Compañía Comando y Servicios, Gustavo Delfor González Sass, quienes quedaron fuera del debate por incapacidad y muerte, respectivamente.

Foto: Cristian González

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Encuesta Nacional de Talles

ENCUESTA NACIONAL DE TALLES 2022

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La organización AnyBody Argentina anunció ayer el lanzamiento de la Encuesta Nacional de Talles 2022 que ya se encuentra disponible para todos lxs que deseen completarla y colaborar con el proyecto. La iniciativa es de gran importancia para generar conciencia y luchar por una ley de talles.

Desde hace 10 años la Organización No Gubernamental, AnyBody Argentina, realiza una encuesta anual para conocer la experiencia de las personas al momento de elegir y comprarse ropa y como afecta la limitación de talles en estas decisiones y a la valoración sobre el propio cuerpo. Gracias a este trabajo se pudo luchar por la Ley de Talles (N° 27.521) reglamentada el año pasado por el decreto  375/2021, aunque todavía no se ve implementada en la práctica.

Encuesta Nacional de Talles

Según la ONG los resultados de la Encuesta Nacional de Talles de 2021 arrojó algunos resultados de “impacto psicosocial” por la falta de talles, como que “El 55% de lxs encuestadxs responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo”. También se pudo saber que “el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (36%) y que “el 62% de lxs encuestadxs afirma que su «talle ideal» no es el que actualmente tiene sino uno (16%), dos (20%) o más de dos (22%) menos del que tenía al momento de contestar la encuesta”.

Desde AnyBody Argentina piden que completen la encuesta todxs aquellxs interesados y que la compartan en sus redes para llegar a mayor cantidad de personas. “Hacela circular con todxs tus conocidxs , queremos que sea lo más representativa posible”, indica el comunicado. Podes responderla acá.

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ORGANISMOS DE DDHH ADVIERTEN A KICILLOF SOBRE EL REPUDIABLE ACCIONAR DE LA POLICÍA EN LA PROVINCIA

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron hoy un escrito conjunto al gobernador Axel Kicillof, para advertir sobre el repudiable accionar de la policía en la Provincia de Buenos Aires. Firmado por las máximas autoridades de ambas entidades, entre las que se encuentra el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, reclaman al Gobernador que la Policía, que conduce el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que se termine con una vieja y repudiable práctica que consiste en trasladar a policías sospechados a otra dependencia donde la comunidad desconoce esa situación.

«Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de trasladarle nuestra honda preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social hacia las mismas. Nos referimos a los traslados de efectivos policiales desde una repartición en la que han tenido una actuación sospechada de delictiva a otra repartición en la que muchas veces suele desconocerse esa circunstancia», explicaron mediante un documento membretado que lleva la firma de Guillermo Torremare, Eduardo Tavani y Soledad Astudillo, presidentes y presidenta de la APDH, y por la Comisión Provincial por la Memoria, con su secretario, Roberto Cipriano García, su presidenta, Dora Barrancos, y su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.

El escrito, confeccionado el 20 de julio pero presentado hoy, miércoles 3 de agosto, luego de la recolección de todas las firmas, agrega que ésta cuestionada práctica de traslado de policías cuestionados «es habitual y se remonta en el tiempo» y «es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas, por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito».

Documento-policia-01
Documento-policia-02

El caso de Daiana Abregú

En el documento ejemplificaron con un caso muy reciente, el del comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y el comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal de la misma ciudad, donde el 5 de junio pasado se produjo la muerte de Daiana Abregú. Para los organismos de DDHH, ambos «resultan ser -cuanto menos- responsables funcionales de su deceso, en tanto jefes respectivamente, de la fuerza que estuvo a cargo de su aprehensión y custodia y de la dependencia donde se produjo ese gravísimo hecho, lejos de haber sido separados preventivamente de sus cargos, fueron trasladados a cumplir funciones en la ciudad de Tres Arroyos».

«La persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –Nro. 13.482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación y como en la Provincia», finalizaron, no sin antes pedir al gobernador que «se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada».

Foto: Cristian González

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A 5 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN FORZADA SEGUIDA DE MUERTE DE SANTIAGO MALDONADO

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Este lunes a las 16:30 se realizará una manifestación en Plaza de Mayo tras cumplirse 5 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería Nacional. A las 18 se llevará a cabo el acto central.

Familiares, amigos y organismos de Derechos Humanos convocan a manifestarse para pedir “justicia” y reclamar por estos “5 años de impunidad”, ya que todavía no se condenó a los autores materiales ni ideológicos de la muerte de Santiago Maldonado.

El 1 de agosto del 2017 Gendarmería Nacional reprimió a un grupo de personas que cortaban la ruta en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, situado en la provincia de Chubut, en reclamo de la propiedad de las tierras ancestrales de la comunidad Mapuche. Desde ese día Santiago Maldonado, quien se encontraba participando de la manifestación, desapareció en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Maldonado fue encontrado muerto 77 días después de su desaparición forzada a 300 metros río arriba del lugar donde sucedieron los hechos. El 24 de noviembre el juez informó a la prensa que Santiago Maldonado “falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia”. Además especificó que “no hubo arrastre, ni sujeción, lo que permitiría concluir que el cuerpo no fue movido”. Desde entonces la muerte de Santiago Maldonado quedó sin responsables materiales ni políticos.

Luego de 5 años, familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que se mueva la causa. Por esta razón se llevará a cabo esta tarde una concentración en Plaza de Mayo para reclamar justicia por Santiago Maldonado. A las 18 se realizará un acto central y contará con las intervenciones musicales de bandas como Las manos de Filippi, Malena D’alessio en bandada, La Delio Valdez y La Chilinga.

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SANTIAGO MALDONADO CUMPLIRÍA 33 AÑOS HOY

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Un día como hoy, hace 33 años, nacía Santiago Maldonado en la localidad bonaerense de 25 de Mayo; un joven libre que pronto encontró la pasión en las artesanías, la pintura y los tatuajes. Un hombre con conciencia social que apoyó muchas causas que creía justas.

Santiago Maldonado se había instalado en la ciudad de El Bolsón, provincia de Río Negro, en junio o julio del año 2017. Allí Santiago se interiorizó en las problemáticas de las comunidades originarias y apoyó el reclamo por la propiedad de sus tierras.

El 1 de agosto del 2017 Gendarmería Nacional reprimió a un grupo de personas que cortaban la ruta en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen, situado en la provincia de Chubut, en reclamo de la propiedad de las tierras ancestrales de la comunidad Mapuche. Desde ese día Santiago Maldonado, quien se encontraba participando de la manifestación, desapareció en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

El acontecimiento se conoció de inmediato y las exigencias por la aparición con vida de Santiago Maldonado se replicaron por todo el territorio argentino y más allá de sus fronteras. Familiares del joven, organizaciones sociales, partidos políticos, organismos de Derechos Humanos pedían el esclarecimiento del caso y se realizaron marchas multitudinarias por su aparición y en rechazo de las políticas represivas que venía llevando adelante el gobierno de Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Santiago Maldonado fue encontrado muerto 77 días después de su desaparición forzada a 300 metros río arriba del lugar donde sucedieron los hechos. Durante la autopsia realizada el 20 de octubre, el juez Gustavo Lleral declaró que el cuerpo encontrado era el de Santiago Maldonado, que no presentaba lesiones y que para conocer la causa de muerte habría que esperar unas dos semanas hasta que se completaran los estudios.

El 24 de noviembre el juez informó a la prensa que Santiago Maldonado “falleció por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia». Además especificó que «no hubo arrastre, ni sujeción, lo que permitiría concluir que el cuerpo no fue movido”. También los expertos ratificaron que “no había golpes o lesiones, ni marcas de haber estado atado».

Por su parte, la familia de Maldonado emitió un comunicado donde denunciaron que “la verdad de cómo, cuándo y dónde falleció Santiago aún se desconoce» y que por eso continuarían exigiendo «una investigación imparcial, independiente, efectiva y exhaustiva”. Estas declaraciones fueron respaldadas por movimientos sociales y organismos de Derechos Humanos como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Santiago Maldonado

JUSTICIAS POR SANTIAGO MALDONADO

En 2018 el Juez Lleral cerró la causa por la muerte de Santiago Maldonado y dejó el caso sin responsables materiales ni ideológicos. A casi 5 años de los hechos la familia sigue pidiendo verdad, justicia y juicio y castigo para lxs responsables.

Cabe destacar que desde el primer momento tanto la justicias como la política hicieron un manoseo terrible del caso de Santiago, con intentos interferir en la investigación, limpiando pruebas, haciendo declaraciones insólitas en los medios como el caso de Elisa Carrió cuando hizo referencia a como las bajas temperaturas del río deberían conservar el cuerpo de Maldonado, realizando una desafortunada comparación con Walt Disney.

Pablo Nocetti y Patricia Bullrich nunca se hicieron cargo de quien dio la orden de reprimir y lejos de ponerse en un lugar imparcial, la entonces ministra de Seguridad de Macri, defendió a la Gendarmería por todos los medios de comunicación donde se la invitó. Ese mismo gobierno que realizó tareas de espionaje sobre la familia de Santiago Maldonado mientras todavía lo buscaban.

Quisieron ensuciar la imagen de un desaparecido en democracia en manos de las fuerzas de seguridad, por orden política, con injurias tratándolo de terrorista y de prófugo y de ser parte de una jugada política para plantarle un muerto a la gestión del entonces presidente Mauricio Macri. El manoseo llegó muy lejos, pero la justicia no.

El próximo 1 de agosto se cumplen 5 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, por lo que su hermano Sergio convocó a realizar una nueva manifestación en Plaza de Mayo a las 17 horas para seguir pidiendo Justicia Por Santiago Maldonado” y que paguen lxs culpables.

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