Facundo Astudillo Castro: 2 años sin justicia

Facundo Astudillo Castro: 2 años sin justicia

El joven oriundo de Pedro Luro desapareció el 30 de abril del 2020 luego de que la policía bonaerense lo detuviera en dos ocasiones en la ruta de camino a la ciudad de Bahía Blanca.

El acontecimiento sucedió hace dos años, durante la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional en el contexto de la pandemia mundial causada por el virus SARS-coV-2. Facundo Astudillo Castro (22) salió de su casa ese 30 de abril con el propósito de visitar a su novia que se encontraba en Bahía Blanca, pero nunca llegó. Su cuerpo muerto fue encontrado tres meses después en un cangrejal del partido de Villarino y un mes más tarde hallaron su mochila, la licencia de conducir y el teléfono celular.

Antes de su desaparición, la policía de Mayor Buratovich detuvo a Facundo en dos ocasiones, le tomaron fotos y le labraron un acta por violar el DNU que establecía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Debido a esto, la familia del joven y la querella denuncian que lo sucedido se trató de una desaparición forzada seguida de muerte en manos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. A estas sospechas, se sumó la dudosa declaración de una testigo que dijo haber llevado en su auto al joven hasta la entrada de Bahía Blanca.

Aunque la autopsia determinó que Astudillo Castro murió por causa de una asfixia por sumersión, la jueza del caso, María Gabriela Marrón, lo calificó como “muerte accidental”. Luego de dos años, Amnistía Internacional denuncia irregularidades y dilaciones en la investigación, mientras que la familia de Facundo sigue pidiendo justicia y el esclarecimiento del caso.

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), parte querellante en la causa por crímenes contra la humanidad que se tramita ante la Justicia Federal de Jujuy contra el propietario del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Tadeo Blaquier, reclamó el pasado jueves que el empresario sea llevado a juicio por su participación en la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Es por esto que presentó un recurso de casación para que “se deje sin efecto la resolución judicial que aparta del proceso al reo nombrado por considerar que no está en condiciones de salud suficientes para interpretar las alternativas del juicio».

«La APDH considera que tal resolución no se ajusta a derecho, al tiempo que considera que la decisión es de gravedad institucional, dado que consagra la impunidad de uno de los mayores responsables –y beneficiarios- del Terrorismo de Estado que asoló a nuestro pueblo, en el norte argentino», expresaron desde el organismo.

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