La postura del gobierno nacional contra toda herramienta de inclusión de las disidencias y diversidades fue clara desde el principio, aunque algunos quisieron tildarla de ambigua la verdad es que no ha dejado de atacar al colectivo LGBTIQ+ y de avanzar contra sus derechos conseguidos. En esta ocasión los diputados Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (LLA), presentaron un proyecto para modificar la Ley de Identidad de Género con el objetivo de prohibir el uso de fondos públicos destinados a tratamientos hormonales o quirúrgicos de personas que deseen adecuar su físico a su género autopercibido.

Esta no es la primera vez que el gobierno atenta contra la Ley 26.743 de Identidad de Género. En febrero pasado el presidente Javier Milei la modificó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia con el objetivo de prohibir los tratamientos o prácticas quirúrgicas en menores de 18 años, cuestión que ya estaba estipulada en la ley original. En esta misma línea antitrans y con la excusa del equilibrio fiscal, los diputados antes mencionados pretenden modificar la Ley de Identidad de Género mediante un proyecto que no solo prohíbe la utilización de fondos públicos para los tratamientos, sino también los programas de obras sociales o el Plan Médico Obligatorio (PMO) o cualquiera que tenga financiación de fondos públicos. Además sostiene que el Estado y las empresas con participación estatal deberán “abstenerse de promover, financiar, difundir o imponer construcciones ideológicas sobre el género o la sexualidad”.

Esta iniciativa es un ataque directo al colectivo travesti, trans y No Binarie en el contexto de lo que el gobierno llama “La Batalla Cultural”. Dentro de esta guerra Milei y sus secuaces han usado su mejor arma: la desinformación. Lo cierto es que mientras el gobierno no garantiza la implementación de Cupo Laboral Trans, les exige a lxs miembrxs de la comunidad que se paguen sus propios tratamientos habiendo sido expulsados tanto del ámbito laboral como el educativo.