El juez de instrucción a cargo de la investigación del crimen de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía ha decidido ampliar el procesamiento de Justo Fernando Barrientos, imputándolo por “homicidio en contexto de odio por orientación sexual y violencia de género”. Esta decisión se produce tras varios meses de lucha de la comunidad LGBTIQ+, luego que en junio del año pasado la justicia no había considerado el hecho como un crimen de odio. En aquel entonces el procesamiento fue por «homicidio doblemente agravado por alevosía y el uso de un medio idóneo para causar daño», sin tener en cuenta la perspectiva de género ni el odio hacia la orientación sexual como motivaciones del ataque.

Mediante un gran trabajo y esfuerzo de diferentes organizaciones LGBTIQ+, no solo se ha conseguido ampliar el procesamiento de la causa contra Fernando Barrientos, sino que además se logró, en 2024, que el Gobierno de la Ciudad repare a Sofía Castro Riglos (la única sobreviviente de la masacre) garantizándole el acceso a una vivienda en condiciones dignas y con urgencia. Debido a la situación de vulnerabilidad probada por la víctima, el juez  Francisco Javier Ferrer consideró que la víctima debía ser incluída en un programa habitacional.

A más de un mes de haberse cumplido un año del crimen de odio perpetrado aquel 6 de mayo de 2024, la justicia finalmente reconoció que la orientación sexual e identidad de género de las víctimas fue el móvil por el que Barrientos llevó a cabo tan terrible acto. No olvidemos que los gobiernos son responsables de no solo por no crear políticas que reviertan estas situaciones, sino además por los discursos de odio que reproducen y legitiman.