Con jornadas de lucha en varias zonas del país, los diferentes gobiernos provinciales intentan llegar a un acuerdo salarial con lxs trabajadores pero las propuestas no superan el nivel de la inflación. En lo que va del año, docentes no docentes universitarios perdieron su poder adquisitivo en un 57%. Esta problemática se agudiza con la decisión del gobierno nacional de disolver el FONID que ayudaba a mejorar el sueldo de lxs educadores de las provincias.

Además, en el Congreso se le dio ayer media sanción al proyecto que declara la educación como un servicio esencial, una verdadera trampa que intenta cercenar el derecho de lxs docentes a la huelga y la protesta. La intención del gobierno es pagar salarios de miseria y que lxs trabajadores tengan prohibido reclamar por ello o manifestarse en defensa de la educación pública por los motivos que sea.

Antes que un servicio esencial, la educación es un derecho y debería estar garantizado para todxs. Si algo atenta contra ese derecho son las condiciones económicas actuales del país, la falta de políticas educativas integrales, el bajo presupuesto destinado a  educación y la demonización de la educación pública por cuestiones ideológicas; tal como lo viene haciendo el gobierno nacional.