A través del decreto 727/2024 el primer mandatario derogó la normativa 715 publicada el 9 julio de 2004, durante el gobierno de Nestor Kirchner, mediante la cual creó la unidad especial de investigación de la desaparición de niños. Dicho organismo funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Según se informa en el Boletín Oficial del 14 de agosto, los motivos de la derogación de la normativa 715 se debe a que la unidad “violenta nuestro régimen constitucional”, ya que el organismo tenía «acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal».

Además, el texto publicado indica que «corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial». Por otro lado apuntan a la presunta vulneración de derechos constitucionales «como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano”.

En definitiva, el decreto publicado en el Boletín Oficial deroga la normativa 715 con el argumento de que las facultades otorgadas a la Unidad Especial de Investigación «contraviene lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias».