La Noche de los Lápices

A 48 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS LÁPICES

A 48 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS LÁPICES

Un día como hoy, hace 48 años ocurrió uno de los acontecimientos más tristes de la historia de nuestro país, conocido como La noche de los lápices. Fue el 16 de septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar, cuando la policía de la Provincia de Buenos Aires comenzó una serie de secuestros a estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que duró varios días.

Un grupo de diez estudiantes de la Escuela Normal Nro 3 de la Plata llevaban adelante el reclamo por el boleto estudiantil, por lo que se ha relacionado directamente el secuetro de estxs jóvenes con su participación en esta lucha. Sin embargo existen versiones que indican que los crímenes contra estos chicxs, fueron un ataque directo por tratarse de estudiantes militantes de diferentes agrupaciones y organizadxs políticamente.

En el año 1986 se estrenó la película La noche de los lápices, dirigida por Héctor Olivera. Allí se retrató el secuestro de los diez jóvenes, de los cuales Claudia Falcone (16), Francisco López Muntaner (16), María Clara Ciocchini (18), Horacio Ungaro (17), Daniel Racero (18 ) y Claudio de Acha (18) continúan desaparecidos. Mientras que Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz son los únicos sobrevivientes del hecho.

Hoy la Subsecretaría de DDHH bonaerense realiarazá el acto central por el 48°aniversario de La Noche de los Lápices. Se hará entrega de legajos reparados por el Archivo Provincial de la Memoria a familiares de víctimas y sobrevivientes de la última dictadura cívico militar detenidos en el «Ex Pozo de Banfield».

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4 DE SEPTIEMBRE: DÍA NACIONAL DEL INMIGRANTE

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El 4 de septiembre de 1949 el Poder Ejecutivo estableció en Argentina el Día Nacional del Inmigrante. En un país cuya historia es marcada por diversas oleadas migratorias, y que hasta la actualidad sigue siendo una opción para muchos inmigrantes, la fecha toma una relevancia importante. Así fue establecido por el Decreto N.º 21.430, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, en conmemoración al día en que, en 1812 el Primer Triunvirato firmó el primer decreto para incentivar la inmigración y ofrecer protección «a los individuos de todas las naciones y a sus familias que quisieran fijar su domicilio en el territorio nacional».

Según el último censo de 2022, la población Argentina nacida en otros países alcanza el 4,2% de lxs residentes, siendo la mayoría proveniente de Paraguay (27%), Bolivia (17,5%), Venezuela (8,4%) y Perú (8,1%). De los casi 2 millones de inmigrantes, el 54,9% son mujeres y el 45,1%, hombres. Además, a partir del mismo año llegaron al país una gran cantidad de rusos a causa de la guerra con Ucrania. El mismo censo reveló que la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal son los lugares donde se encuentra mayor concentración de inmigrantes.

El pasado 24 de abril, organizaciones de personas migrantes denunciaron ante la Legislatura Porteña que tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires tienen la intención de restituir el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, establecido por el entonces presidente Mauricio Macri. La norma, que había sido derogada durante la gestión de Alberto Fernández, permitió la expulsión del país de cientos de inmigrantes de manera exprés, entre 2018 y 2021.

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Masacre de Trelew

A 52 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW

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Se cumplen 52 años del acontecimiento conocido como La Masacre de Trelew, en la que el 22 de agosto de 1972 el ejército llevó a cabo el fusilamiento de 16 jóvenes militantes, de organizaciones armadas, que se habían fugado del penal de máxima seguridad de Rawson 7 días antes.

Los asesinatos se llevaron a cabo en la Base Aeronaval Almirante Zar, una dependencia de la Armada Argentina próxima a la ciudad de Trelew, provincia del Chubut. Los seis prisioneros que lograron fugarse de la cárcel tomaron un avión a Chile, donde recibieron el asilo político de parte del gobierno de Salvador Allende. Entre ellos se encontraban: Mario Roberto Santucho, Máximo Menna, Enrique Gorriarán Merlo, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto y Fernando Vaca Narvaja.

El 15 de octubre de 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia resolvió condenar a prisión perpetua a Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas debido a que Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar lograron sobrevivir a la masacre.

Hace dos años el gobierno nacional oficializó la desclasificación de las “Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno (1971-1973)” que fueron halladas en dependencias de la Fuerza Aérea Argentina en mayo de 2018.

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El Presidente Javier Milei dio un paso más en su agenda contra los derechos humanos y firmó una medida que ordena disolver la UEI (Unidad Especial de Investigación), cuyo objetivo era la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar. Esta acción de parte del gobierno se suma a la reciente intervención de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y el recurrente discurso negacionista expresado por algunos representantes del partido de La Libertad Avanza, como la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

MILEI CERRÓ LA UNIDAD PARA LA BÚSQUEDA DE NIETOS APROPIADOS DURANTE LA DICTADURA

A través del decreto 727/2024 el primer mandatario derogó la normativa 715 publicada el 9 julio de 2004, durante el gobierno de Nestor Kirchner, mediante la cual creó la unidad especial de investigación de la desaparición de niños. Dicho organismo funcionaba en la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y permitió avanzar en la recuperación de la identidad de nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

 

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Según se informa en el Boletín Oficial del 14 de agosto, los motivos de la derogación de la normativa 715 se debe a que la unidad “violenta nuestro régimen constitucional”, ya que el organismo tenía «acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal».

Además, el texto publicado indica que «corresponde al Ministerio Público Fiscal la investigación y promoción de acciones judiciales orientadas al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial». Por otro lado apuntan a la presunta vulneración de derechos constitucionales «como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano”.

En definitiva, el decreto publicado en el Boletín Oficial deroga la normativa 715 con el argumento de que las facultades otorgadas a la Unidad Especial de Investigación «contraviene lo establecido en los artículos 19, 43, 108, 109, 116 y 120 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal N° 27.148 y sus modificatorias».

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Este 15 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la aparición sin vida de Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años que desapareció luego de ser detenido por la policía en la Ruta 3 cuando se dirigía de Pedro Luro a Bahía Blanca. El hecho fue durante el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia del Covid19 en 2020. El cuerpo de Castro fue encontrado sin vida 107 días después en un cangrejal del partido de Villarino.

La madre de Facundo, Cristina Castro, y la querella denunciaron que lo sucedido se trató de una desaparición forzada seguida de muerte en manos de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, ya que la policía de Mayor Buratovich había detenido al joven en dos ocasiones diferentes, le tomaron fotos y le labraron un acta por violar el DNU que establecía el ASPO. Según figura en la causa, Facundo fue detenido por los policías Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca. También se sabe que los efectivos que lo pararon por segunda vez estaban a cargo del teniente 1° Alberto González.

Según las pericias a Facundo Astudillo Castro, «se trató de una muerte violenta, por no ser natural. El avanzado estado de esqueletización del cadáver limitó las posibilidades de conocer el modo de la muerte, no pudiendo la ciencia forense determinar con rigor científico si se trató de uno u otro modo de muerte violenta: suicida, homicida o accidental». Sin embargo, por alguna razón la Policía Bonaerense trató de manipular pruebas e intentó desvíar la información.

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Un nuevo ataque con reivindicación a la dictadura ocurrió el último fin de semana en la ciudad de Córdoba, en el que asesinaron a Susana Montoya, madre de hijo de desaparecido durante la última dictadura militar. Los atacantes además dejaron una amenaza pintada en la pared: «Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos», decía el mensaje. Por su parte el hijo de la víctima declaró haber recibido otras amenazas anteriormente. Organismos de derechos humanos expresaron su preocupación por lo sucedido y exigen a la justicia de Córdoba el esclarecimiento del hecho.

Susana Montoya era una jubilada de 74 años y madre de Fernando Albareda, militante de la agrupación H.I.J.O.S. Córdoba. También era viuda de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario desaparecido, torturado y asesinado durante la última dictadura cívico-militar. Fernando, declaró que ya había sufrido diferentes amenazas antes del asesinato de su madre.

ASESINARON A LA MADRE DE UN HIJO DE DESAPARECIDO Y PINTARON MENSAJES NEGACIONISTAS

Fue Fernando quien encontró a su madre muerta en su vivienda de la calle Miguel Andrés Caminos al 4800, del barrio Ampliación Poeta Lugones, en la ciudad de Córdoba. Allí, tras saltar el tapial de la vecina debido a que Susana no respondía las llamadas, se percató de que “la casa estaba desordenada” y luego encontró a la mujer asesinada y con varios golpes en su cuerpo.

 

¡JUSTICIA!

De los tres ataques sucedidos en este último tiempo, contra militantes de los derechos humanos, este es el más grave por cobrarse una víctima fatal. Estamos ante un hecho gravísimo que no podemos dejar pasar, tal como lo expuso la diputada nacional Myriam Bregman en sus redes. “Lo ocurrido en Córdoba es muy grave. Exigimos el urgente esclarecimiento del crimen del que fue víctima Susana Montoya, mamá de Fernando Albareda. Nos solidarizamos con la familia. Verdad y justicia”, declaró la referente del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas).

También se pronunciaron organismos de derechos humanos de Córdoba mediante un comunicado difundido a través de las redes sociales.”𝗗𝗲𝘀𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗗𝗗𝗛𝗛 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗱𝗼𝗯𝗮 𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀, 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗼𝗰𝘂𝗽𝗮𝗱𝗼𝘀, 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝘀𝗲𝘀𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗛.𝗜.𝗝.𝗢.𝗦. 𝗖𝗼́𝗿𝗱𝗼𝗯𝗮, ocurrida este último viernes y las amenazas que cobardemente dejaron, dirigidas a toda su familia, donde firmaba ‘#Policía’”, expresa el documento.

Foto de portada de X: @LuciEchevarria

 

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FALLECIÓ FAUSTO JONES HUALA: SU MADRE RESPONSABILIZA AL ESTADO ARGENTINO Y CHILENO

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Mediante un video, Isabel Huala comunicó la lamentable noticia de la muerte de su hijo Fausto Jones Huala, quien decidió quitarse la vida el 1 de agosto pasado. La mujer responsabilizó al «Estado argentino y al Estado chileno» por la decisión que tomó el joven a causa de la constante «represión contra el pueblo Mapuche» y todas las persecuciones. Isabel grabó el mensaje mientras viajaba a Bariloche desde Chile, donde se encontraba cuidando a su otro hijo Facundo, quien se encuentra realizando una huelga de hambre seca por su libertad.

Fausto fue testigo del asesinato de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura Naval Argentina. El joven, junto con Lautaro González Curruhuinca, bajaron de la montaña de Villa Mascardi el cuerpo sin vida de Nahuel, el 25 de noviembre de 2017. El hecho se produjo durante la represión contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, donde las fuerzas represivas dispararon con proyectiles de 9mm. Fausto fue testigo clave para que la justicia condene a Sergio Cava, a 5 años de prisión, por el asesinato de Rafael Nahuel.

El joven mapuche era hermano de Facundo Jones Huala, quien se encuentra detenido en Chile y lleva a cabo una huelga de hambre seca desde el pasado 26 de junio. Debido a esta situación, la salud del joven empeoró considerablemente, por lo que ahora se encuentra internado en el Hospital Intercultural Nueva Imperial desde el 17 de julio. Según allegados, dicho panorama lo tenía muy preocupado a Fausto. La medida de fuerza tomada por Facundo se debe a que la justicia chilena no le contabilizó el tiempo que estuvo detenido en Argentina, por lo que la condena del joven mapuche se extendería casi un año más.

Imágen de Revista Cítrica

 

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A 7 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, todavía no hay condenados y la familia sigue exigiendo justicia. El joven artesano fue víctima de una violenta represión llevada a cabo por la Gendarmería Nacional, y avalada por Patricia Bullrich, contra la comunidad Mapuche Pu Lof Cushamen en Chubut. Maldonado se encontraba en el lugar en apoyo a las protestas del pueblo originario que reclamaba la propiedad de sus tierras ancestrales.

Aquel 1 de agosto de 2017 Santiago Maldonado desapareció en manos de la Gendarmería y no se volvió a saber de su paradero hasta 77 días después, cuando su cuerpo fue hallado a 300 metros río arriba de donde se había producido la represión. La justicia comunicó que el jóven había fallecido “por ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia” y que “no hubo arrastre, ni sujeción”, lo que permitiría concluir que el cuerpo no fue movido. Dichas conclusiones dejarían impune el crimen de Maldonado, pero la familia del joven luchó durante 6 años y logró que se imputaran a 7 personas de gendarmería nacional como responsables de diferentes delitos en la causa.

Desafortunadamente, el 12 de agosto de 2023 el juez federal de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, sobreseyó a los cuatro gendarmes que eran investigados por participar en la represión contra la comunidad Mapuche Pu Lof Cushamen en Chubut, en la que murió Santiago Maldonado. El magistrado, quien se había declarado incompetente al comienzo, determinó ayer el sobreseimiento del oficial de Gendarmería Nacional, Emmanuel Echazú, quien estaba acusado del delito de desaparición forzada de Santiago Maldonado. También sobreseyó a los agentes Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra, señalados por haber cometido los delitos de daño, abuso de autoridad y omisión de los deberes de funcionario público.

A 7 años de tu desaparición seguida de muerte seguimos pidiendo justicia. Santiago, presente. Ahora y siempre.

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Por lo visto pasearse en tanque de guerras, organizar desfiles militares, visitar genocidas en la cárcel y reivindicar la última dictadura cívico militar no es suficiente muestra de desprecio a la lucha por los derechos humanos para el gobierno nacional. El pasado jueves 25 de julio emitieron un comunicado desde la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo donde se denuncia la intervención por parte del ejecutivo. Esta mañana se convocó a la comunidad a concentrar en la puerta de la institución para “defender la autonomía de la UNMa”.

“El gobierno fascista, negacionista, reivindicador de la dictadura genocida, dispuso la ilegal intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo”, comienza diciendo el comunicado de la institución y sigue: “Resistiremos esta acción fraudulenta e ilegítima junto a toda la comunidad de nuestra Universidad”. “El ejemplo de nuestros hijos nos guía. Su lucha nos llevó a crearla. La detendremos como a su ejemplo”, finaliza el escrito.

Desde el gobierno nacional no dieron explicaciones sobre la situación, excepto el vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario respondió, a través de su cuenta de X, a otro comunicado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo donde saludan al pueblo venezolano por las elecciones. “La Asociación Madre de Plaza de Mayo es lo más vergonzoso de todo el universo. Fin”, escribió Adorni en tono provocativo.

 

CONVOCATORIA EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD

Tras la intervención a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, varias organizaciones sociales y de derechos humanos, referentes políticos y otras instituciones académicas repudiaron públicamente este accionar del poder ejecutivo.

En el día de ayer la Asociación Madres de Plaza de Mayo emitió un comunicado convocando a una concentración para hoy a las 8 frente a la sede de la UNLa, ubicada en Defensa 119, Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es “defender la autonomía de la UNLa y rechazar la ilegal intervención dispuesta por el gobierno fascista de Milei”, sentencia el comunicado.

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Se cumplieron 100 años de una de las matanzas más violentas que tuvo como víctimas a miembros de las comunidades originarias Qom y Mocoví. El 19 de junio de 1924 se llevó a cabo la Masacre de Napalpí, donde poderosos terratenientes, junto a la policía del Chaco, dispararon contra un grupo de más de 400 indígenas que protestaban contra las malas condiciones de vida y trabajo. Hace un año falleció Rosa Grilo, la última sobreviviente de la Masacre de Napalpí.

Durante esos años gobernaba la provincia de Chaco el radical Fernando Centeno, principal responsable de la Masacre de Napalpí. Mientras que la presidencia de la Nación la ocupaba Marcelo Torcuato de Alvear. En una zona rural, ubicada a 150 kilómetros de Resistencia, la capital de la provincia, un grupo de personas de las comunidades Qom y Mocoví fueron masacrados por 130 hombres entre policías estancieros y vecinos del lugar. Los indígenas reclamaban por las pésimas condiciones de trabajo y de vida, ya que no tenían acceso a atención sanitaria, eran explotados y obligados a realizar trabajos forzados y a vivir hacinados en malas condiciones.

Las autoridades decidieron hacer pasar La Masacre de Napalpí como un enfrentamiento entre distintas etnias indígenas, pero el diputado socialista, Francisco Pérez Leirós, se atrevió a denunciar los hechos y la cámara intentó interpelar a Vicente Gallo, quien era Ministro del Interior en ese entonces. Todos los intentos por investigar el caso fueron boicoteados por el poder y la Masacre de Napalpí fue ocultada, hasta que en 2004 la Asociación Comunitaria La Matanza demandó al Estado y la justicia falló a favor. En 2020 se llevó a cabo un juicio por la verdad en la Casa de las Culturas en Resistencia la Cámara Federal de Apelaciones donde se determinó que se trató de un crimen de lesa humanidad.

Imagen: Archivo General de la Nación

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