Crimen de Lucas González: en un fallo histórico la justicia aplicó por primera vez el agravante de odio racial

Crimen de Lucas González: en un fallo histórico la justicia aplicó por primera vez el agravante de odio racial

Crimen de Lucas González: en un fallo histórico la justicia aplicó por primera vez el agravante de odio racial

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ratificó las condenas contra los policías de la Ciudad implicados en el crimen de Lucas González, un joven de 17 años que fue víctima de gatillo fácil en noviembre de 2021 cuando volvía de un entrenamiento de fútbol con sus amigos. Además resultó un fallo histórico al aplicarse, por primera vez en la justicia argentina, el agravante de odio racial. Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nieva fueron declarados culpables por los delitos de homicidio quíntuplemente agravado en perjuicio de Lucas y de tentativa de homicidio agravada contra tres de sus amigos.

Los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone fueron los encargados de revisar y confirmar las sentencias contra los asesinos de Lucas González, quienes además ratificaron las condenas por encubrimiento a otros cuatro policías de la Ciudad. Se trata de los oficiales Héctor Claudio Cuevas, Fabián Alberto Du Santos, Roberto Orlando Inca y Rodolfo Alejandro Ozán; quienes recibieron penas de entre cuatro y seis años de prisión por falsificación de pruebas y haber intervenido en la escena del crimen para beneficiar a los autores. Mientras que el oficial Juan Horacio Romero y el comisario Sebastián Jorge Baidón recibieron una revocación de sus condenas y fueron liberados.

A los tres policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Lucas González se les aplicaron cinco agravantes, siendo el de odio racial el más destacado por ser la primera vez en usarse en la justicia argentina. Los demás corresponden a que el homicidio fue cometido con arma de fuego, con alevosía, en concurso premeditado de dos o más personas y abusando de sus funciones como fuerzas de seguridad.

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Este 20 de diciembre se cumplen 23 años de la rebelión popular desatada en Argentina en 2001, bajo el contexto de una crisis social, económica y política que obligó al entonces presidente De la Rúa a renunciar a su cargo. Las imágenes de su huida de la Casa Rosada en helicóptero se convirtieron en un símbolo del poder del pueblo. Como todos los años, para esta fecha, organizaciones de izquierda realizarán una marcha a Plaza de Mayo no solo para conmemorar aquellos acontecimientos de 2001, sino además para llevar los reclamos populares al actual Gobierno de Milei.

“Fuera Milei”; “Abajo el Ajuste” y “Basta de persecución a los luchadores populares” son las consignas en las que se apoya la marcha de hoy. “A un gobierno como el de Milei solo se lo puede derrotar con una intervención de las y los trabajadores, con la preparación de una huelga general que ponga en evidencia la histórica tradición de lucha de la clase obrera argentina”, dice el comunicado del Partido Obrero invitando a la manifestación.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 Argentina ponía fin a dos décadas y media de políticas y fórmulas económicas liberales que habían llevado al país a niveles terribles de pobreza, miseria, desocupación y demás factores que esto conlleva. Además Argentina atravesaba una fuerte crisis institucional y de representación política que se expresaba en las calles al grito de “que se vayan todos”.

23 años después algunos de estos políticos siguen ocupando lugares en el Gobierno nacional, como es el caso de la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich (en aquel entonces, ministra de Trabajo de la Alianza).

“Hoy Marcha a Plaza de Mayo, a las 16.30 hs. en el camino de unir fuerzas desde abajo para parar el brutal plan de hambre y saqueo del país de Milei, el Fondo y sus cómplices en la CGT y los partidos tradicionales”, escribió el referente de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, en su cuenta de X.

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La lucha por el presupuesto educativo continúa luego de que el Congreso aprobara el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Lxs docentes comienzan esta semana con jornadas de clases públicas, en las diferentes facultades, que se extenderán hasta el próximo viernes 1 de noviembre, mientras que el miércoles 30 realizarán un paro nacional en defensa de los salarios. Por otro lado, se espera una tercera Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de noviembre.

La semana pasada el conflicto universitario pasó a otro nivel cuando la UBA (Universidad de Buenos Aires) denunció la intervención del Gobierno Nacional en la educación superior y se negó a la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por considerar que atenta contra la autonomía y autarquía universitaria. Por su parte, Milei se expresó en la red social X sobre el tema asegurando que las “autoridades están sucias” debido a que se niegan a la auditoría. Sin embargo, desde la UBA argumentan que la institución “ya cumple con las auditorías establecidas en la legislación vigente” y anunciaron una convocatoria a nivel nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno y garantizar, así, transparencia.

Más allá del cruce entre el Gobierno Nacional y el Rectorado de la UBA, la comunidad académica continúa luchando en defensa de los salarios que han quedado muy por debajo de la inflación en lo que va del año. En esta línea lxs docentes decidieron realizar, el próximo miércoles 30 de octubre, un paro nacional como medida de fuerza. Por otro lado, la Asamblea Interfacultades resolvió convocar a una tercera Marcha Federal Universitaria para el martes 12 de noviembre.

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Luego de una multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que se replicó masivamente en varios puntos del país, el presidente Javier Miler ratificó el veto a la Ley de Presupuesto Universitario. Al igual que lo que ocurrió con la movilidad jubilatoria la decisión final queda en manos del Congreso, cuyos legisladores deberán aprobar o rechazar la medida tomada por el Ejecutivo. Por su parte, la comunidad universitaria continúa con su plan de lucha realizando clases públicas y un paro establecido para este viernes.

TRAS EL VETO DE MILEI, DESPUÉS DE LA MASIVA MARCHA UNIVERSITARIA, LA DECISIÓN SERÁ DEL CONGRESO

De manera provocativa el presidente Javier Milei hizo oficial el veto el mismo miércoles, 2 de octubre, pasadas las 21 horas. El Ejecutivo emitió un comunicado oficial donde califica de “irresponsable” la partida presupuestaria y se excusó nuevamente en el equilibrio fiscal. “La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal”, explica la misiva.

TRAS EL VETO DE MILEI, DESPUÉS DE LA MASIVA MARCHA UNIVERSITARIA, LA DECISIÓN SERÁ DEL CONGRESO

Tras el anunció del presidente solo queda esperar la votación en el Congreso. El próximo miércoles 9 de octubre, a las 11 horas, los legisladores deberán decidir si aprueban o rechazan el veto realizado por el Milei. Ahora el oficialismo deberá negociar con diputados de otros bloques para poder asegurar el veto, a menos que cuente con el apoyo de los radicales que votaron contra la movilidad jubilatoria. Todo indicaría que en esta ocasión los libertario no juntan los votos suficientes para sostener el veto.

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JUBILACIONES: DIPUTADOS VOTARON A FAVOR DEL VETO DE MILEI

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Mientras dentro del Congreso los diputados votaban de manera afirmativa el veto de Milei al aumento de las jubilaciones, afuera la policía garantizó la traición a palazos y gases lacrimógenos. Un poder legislativo que hace pocas semanas había votado a favor de la nueva Movilidad Jubilatoria, ahora decidió dejar a los adultos mayores sin aumento. Solo cabe una palabra para tan dudoso cambio de postura en tan poco tiempo: transa.

JUBILACIONES: DIPUTADOS VOTARON A FAVOR DEL VETO DE MILEI

Con 153 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones se terminó de consolidar una gran estafa contra los jubilados, quienes parece que resultaron ser la casta de la que tanto hablaba Milei. Además de ser víctimas de la inflación, los brutales tarifazos y la quita de descuentos en medicamentos, los prohibieron de un miserable aumento con la excusa de priorizar el equilibrio fiscal. A pesar de los resultados dentro del Congreso de la Nación, un grupo de personas se mantuvo en las calles resistiendo por sus derechos y luchando por jubilaciones dignas. La decisión ya había sido tomada pero la indignación era demasiado grande como para abandonar la plaza.

JUBILACIONES: DIPUTADOS VOTARON A FAVOR DEL VETO DE MILEI

La oposición necesitaba dos tercios de los votos de los presentes para lograr revertir el veto de Milei. Todo parecía favorable para rechazar la medida y continuar con la nueva movilidad jubilatoria, pero el cambio de postura de algunos legisladores del bloque radical le dieron la victoría al oficialismo consolidando el veto total de la ley. Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi fueron algunos de los diputados que cambiaron sus votos y que se habían reunido anteriormente con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

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SE ESPERA UNA GRAN MOVILIZACIÓN EN RECHAZO AL VETO DE MILEI Y A FAVOR DE LOS JUBILADOS

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Los jubilados continúan reclamando por una jubilación digna ante una situación económica cada vez más crítica. La pensión mínima quedó estancada desde marzo con un bono adicional de 70 mil pesos que no alcanza a cubrir la inflación anual. Ante esta situación el Congreso había votado una nueva movilidad jubilatoria que incluía un aumento y una nueva fórmula para calcular los haberes, pero fue vetada de forma total por el presidente Javier Milei. Por dicho motivo, los jubilados se manifestaron el miércoles pasado en contra de aquella medida, siendo  víctimas de una brutal represión. Bajo este contexto, el próximo miércoles se llevará a cabo una gran manifestación en contra del veto de Milei a la ley de Movilidad Jubilatoria.

Este miércoles la ley vuelve al Congreso de la Nación donde lxs legisladores deben decidir entre revertir el veto realizado por el presidente o avalarlo. Mientras tanto diferentes sectores políticos y sindicales decidieron apoyar a los jubilados realizando un paro con movilización ese mismo día, luego de la terrible represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante la última protesta. Trabajadores estatales y docentes universitarios, que vienen librando una batalla propia por salarios y presupuesto contra el gobierno, también se suman a la lucha de los jubilados.

Mientras el gobierno se excusa con la famosa frase “no hay plata”, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no escatima en gasto a la hora de reprimir a los jubilados que reclaman por una remuneración digna. La violencia ejercida por las fuerzas de seguridad durante las últimas marchas, fueron blanco de de grandes críticas por lo que varios organismo y sindicatos decidieron sumarse a la próxima manifestación en Congreso. El próximo miércoles participarán la Corriente Federal de la CGT, los sindicatos que integran el Frente Sindical, ATE, la UTEP, organizaciones sociales, agrupaciones piqueteras y partidos de izquierda.

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LA JUSTICIA LIBERÓ AL ÚLTIMO DETENIDO DURANTE LA PROTESTA CONTRA LA LEY BASES

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Después de estar preso casi tres meses, debido a una detención arbitraria durante la protesta contra la Ley Bases, la justicia liberó a Roberto de la Cruz Gómez, el último hombre que quedaba detenido desde el pasado 12 de junio. Hace una semana había sido liberada Daniela Calarco Arredondo, la única mujer que permanecía presa por los mismo acontecimientos. En todo este tiempo no se pudieron presentar pruebas que justifiquen las detenciones, pero el gobierno intentó estigmatizar a lxs manifestantes y fomentar el miedo a protestar.

La Sala II de la Cámara Federal firmó la liberación de Gómez bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo, más conocido como tobillera electrónica. De todos modos, al igual que el caso de otros exdetenidos, la causa continúa abierta y el hombre tiene prohibido salir del país. Estas decisiones se deben a que el fiscal original del caso, Carlos Stornelli, inició una causa paralela con “actuaciones complementarias”. La criminalización de la protesta es uno de los temas principales en la agenda del gobierno nacional.

La represión durante la protesta contra la Ley Bases fue desmedida en cuanto al accionar de las fuerzas represivas del Estado. Patricia Bullrich con su Protocolo Antipiquete solo intenta criminalizar a lxs manifestantes y garantizar el ajuste brutal que lleva a cabo Milei a través de sus políticas económicas liberales. Mientras tanto, la justicia nunca encontró a quienes prendieron fuego y vandalizaron un móvil del medio Cadena 3, lo que todo indica que efectivamente se trató de infiltrados.

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Tras permanecer 75 días detenida por manifestarse en contra de la Ley Bases, el pasado 28 de agosto la justicia le concedió la excarcelación a Daniela Calarco Arredondo, la única mujer que continuaba presa tras la represión del 12 de junio en el Congreso. Militante LGBTIQ+ y referente del MTR Votamos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez), Daniela fue víctima de una detención arbitraria y violenta que representa el intento de este gobierno por criminalizar la protesta, con Bullrich y su Protocolo Antipiquetes a la cabeza. Todavía se espera la libertad de Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 30 detenidos.

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Represión durante las protestas contra la Ley Bases

Luego de varios reclamos y pedidos a la justicia, la jueza federal María Servini de Cubría firmó el pasado miércoles la excarcelación de Daniela Patricia Calarco Arredondo a pesar de la oposición fiscal Carlos Stornelli, quien desde un principio había pedido la prisión preventiva para todos los detenidos por “perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio, de las facultades constitucionales de los representantes”. Daniela y Roberto fueron los que más tiempo estuvieron detenidos, siendo ambos una muestra de la estrategia del gobierno para estigmatizar la protesta y sembrar el miedo en la población.

El accionar de las fuerzas represivas, por orden de Bullrich, durante las manifestaciones contra la Ley Bases fue desmedido. Se llevó a cabo una feroz represión contra jubilados, periodistas y diputados nacionales; por lo que se realizaron distintas denuncias ante organismos de derechos humanos. Detuvieron a 30 personas de manera violenta y arbitraria con la excusa de encontrar a los responsables de haber causado desmanes y prender fuego un móvil de Cadena 3, pero ninguno de los arrestados tuvo que ver con esos actos y jamás se encontró (ni se buscó) a los autores del delito. De esta manera toma fuerza la hipótesis de que se trataría de infiltrados del gobierno.

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Condenaron al exdiputado de La Libertad Avanza, Germán Kiczka, a 14 años de prisión

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Tras permanecer una semana prófugo, capturaron al diputado misionero German Kiczka, quien se encontraba prófugo de la justicia por estar involucrado en una causa sobre una red de pedofilia. El exfuncionario de La Libertad Avanza fue detenido esta madrugada por la Policía de Corrientes en la localidad de Loreto y fue entregado a las autoridades de Misiones alrededor de las 4 de la madrugada. En la causa también se encuentran involucrados el hermano y el padre del detenido.

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German Kiczka se convirtió en prófugo el pasado jueves 22 de agosto, cuando la policía de Misiones intentó detenerlo en su domicilio y el sospechoso no se encontraba allí. Tras el pedido de renuncia por parte de su bloque el diputado se quedó sin fueros con la posibilidad de ser arrestado, razón por la cual se dio a la fuga. En un momento se creyó que el acusado había cruzado a Brasil o Paraguay a través de Puerto Iguazú, ya que se conoció una llamada telefónica realizada por Kiczka pidiendo una habitación en un hotel de esa localidad fronteriza.

El diputado es acusado de poseer y distribuir material pedófilo en una causa que forma parte de una investigación internacional, que había sido iniciada a instancias de la Embajada de Estados Unidos y también se encuentran involucrados su hermano Sebastian y su padre Leandro Antonio Kiczka. La causa se encuentra a cargo de la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, quien además es directora del OSEDIC (Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales).

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COMENZÓ UN NUEVO PARO DOCENTE DE CARA A LA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA

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Esta semana lxs docentes universitarios comenzaron el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo con un paro de 72 horas que concentra varios reclamos. Tras la falta de respuesta por parte del gobierno, los sindicatos anunciaron nuevas medidas para el próximo martes 21 y miércoles 22 de agosto. Entre las exigencias planteadas se reclama una recomposición salarial acorde al nivel de la inflación, el pago del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), mayor presupuesto educativo y el rechazo a la esencialidad educativa.

Conurbanazo: Diferentes universidades de la provincia se organizan en defensa de la educación pública.

Con jornadas de lucha en varias zonas del país, los diferentes gobiernos provinciales intentan llegar a un acuerdo salarial con lxs trabajadores pero las propuestas no superan el nivel de la inflación. En lo que va del año, docentes no docentes universitarios perdieron su poder adquisitivo en un 57%. Esta problemática se agudiza con la decisión del gobierno nacional de disolver el FONID que ayudaba a mejorar el sueldo de lxs educadores de las provincias.

Además, en el Congreso se le dio ayer media sanción al proyecto que declara la educación como un servicio esencial, una verdadera trampa que intenta cercenar el derecho de lxs docentes a la huelga y la protesta. La intención del gobierno es pagar salarios de miseria y que lxs trabajadores tengan prohibido reclamar por ello o manifestarse en defensa de la educación pública por los motivos que sea.

Antes que un servicio esencial, la educación es un derecho y debería estar garantizado para todxs. Si algo atenta contra ese derecho son las condiciones económicas actuales del país, la falta de políticas educativas integrales, el bajo presupuesto destinado a  educación y la demonización de la educación pública por cuestiones ideológicas; tal como lo viene haciendo el gobierno nacional.

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