El pasado 26 de noviembre el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expuso en el Senado de la Nación sobre el proyecto de ley antes mencionado. Esto fue en el marco de una reunión de la comisión de Justicia donde la norma obtuvo dictamen, como así también otros proyectos referidos a delitos y siniestros viales. Allí, Libarona explicó la gravedad que conlleva el delito de la falsa denuncia y argumentó la necesidad de “penalizar a la mentira, la estafa contra la justicia”, como si esto no estuviera ya tipificado en la ley Argentina. Más adelante, el ministro continúa con su exposición dejando ver las verdaderas intenciones de dicho proyecto. “La pena tiene que ser ejemplar: al margen de incrementar el marco punitivo tiene que considerarse agravante, como bien dice el proyecto, las denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual, violencia de género, o que afecte a los niños y adolescentes», expresó Cúneo Libarona.

Variete News habló con la abogada feminista Melisa García, fundadora de Abofem Argentina, quien mostró su preocupación por el proyecto de ley presentado. “El fin de este proyecto es la total y completa persecución hacia las mujeres que denuncian. Persecución de un Estado que utiliza su poder punitivo en contra de las mujeres, las diversidades y las niñeces”, declara García y continúa: “La existencia de la denuncia falsa ya está tipificado en el Código Penal desde 1921. Agravarse y ponerle el componente persecutorio es una muestra más de un Estado que incumple constantemente y sistemáticamente con todos los compromisos asumidos por la Argentina como la convención de Belém Do Pará”, denuncia la profesional. Además indica que esta medida es consonante con otras decisiones políticas que se han tomado desde el Gobierno nacional. “Estamos frente a un Estado que elimina todo tipo de políticas de protección y fomento de creación de políticas públicas para mujeres, niñeces y diversidades; eliminando el Ministerio de la Mujer, yendo contra el Inadi o queriendo modificar cuestiones que tienen que ver con la paridad o el cupo. Este proyecto legislativo busca sancionar y perseguir”, sentencia.

“Los porcentajes de denuncias son bajísimos”

García además analiza los peligros que conlleva este nuevo proyecto de ley contra supuestas denuncias falsas, como “la posibilidad de que una mujer pueda estar privada de su libertad y tener un proceso penal en su contra por animarse a denunciar”. La abogada señala que “lo que se busca de alguna manera es desalentar las denuncias”. Bajo una estructura sociocultural machista y hetero-patriarcal, se ha reproducido durante mucho tiempo una construcción discursiva que pone a la mujer que denuncia actos de abuso o violencia de género como a una mentirosa. Estos discursos lograron establecerse de tal manera en el sentido común de la sociedad que el hecho de realizar una denuncia se convertía en un calvario para las víctimas. “Si bien en las investigaciones que se han hecho los porcentajes de denuncias falsas son bajísimos, muchas veces el recurso del otro lado ha sido: ‘es una denuncia falsa’, ‘es una calumnia’, ‘es una injuria’; como defensa a un sistema de justicia que es muy falente y que cristaliza un sistema patriarcal”. Además agrega que: “Cuando empezamos a revertir eso y empezamos a requerir información acorde, a colectivizar masivamente la lucha con ‘Nos tocan a una, nos tocan a todas’; ‘Yo si te creo’, que son herramientas de base para poner en foco la credibilidad de la mujer que históricamente nos han quitado, ahora lo revierten y buscan a través de una ley dejar de manifiesto la persecución jurídica”.

El nuevo proyecto de ley amenaza con tirar abajo todo el trabajo realizado durante los últimos años, con el feminismo a la cabeza, para incentivar a las víctimas de violencia a que se animen a denunciar y para desestigmatizar la imagen de la mujer en relación con las denuncias falsas. García recuerda la repercusión que tuvo el caso de Thelma Fardín, a partir del cual se multiplicaron las denuncias por abuso sexual y otras violencias de género, a través de la línea 144. “El romper el silencio, rompe la cofradía, va en contra del silenciamiento histórico. Una no denuncia porque tiene ganas”. Luego prosigue: “La batalla cultural que vienen a dar la sostienen utilizando los mecanismos del Estado para avasallar, acompañando todo el tiempo con mensajes persecutorios constantes y discursos de odio”. La abogada relaciona con gran claridad este intento de reforma del Código Penal como parte de un plan de Gobierno mucho más amplio que atenta contra las mujeres, niñeces y diversidades. “El único interés que tienen es seguir generando mayor brecha social respecto del odio, sobre todo eliminando los mecanismo de protección”, explica. “En definitiva nos desprotegen por un lado, pero a la vez fomentan un discurso para que nos sigan matando”, sentencia García.