Lesbicidio de Barracas: la Justicia decidió ampliar el Procesamiento de la causa

Lesbicidio de Barracas: la Justicia decidió ampliar el Procesamiento de la causa

Lesbicidio de Barracas: la Justicia decidió ampliar el Procesamiento de la causa

El juez de instrucción a cargo de la investigación del crimen de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía ha decidido ampliar el procesamiento de Justo Fernando Barrientos, imputándolo por “homicidio en contexto de odio por orientación sexual y violencia de género”. Esta decisión se produce tras varios meses de lucha de la comunidad LGBTIQ+, luego que en junio del año pasado la justicia no había considerado el hecho como un crimen de odio. En aquel entonces el procesamiento fue por «homicidio doblemente agravado por alevosía y el uso de un medio idóneo para causar daño», sin tener en cuenta la perspectiva de género ni el odio hacia la orientación sexual como motivaciones del ataque.

Mediante un gran trabajo y esfuerzo de diferentes organizaciones LGBTIQ+, no solo se ha conseguido ampliar el procesamiento de la causa contra Fernando Barrientos, sino que además se logró, en 2024, que el Gobierno de la Ciudad repare a Sofía Castro Riglos (la única sobreviviente de la masacre) garantizándole el acceso a una vivienda en condiciones dignas y con urgencia. Debido a la situación de vulnerabilidad probada por la víctima, el juez  Francisco Javier Ferrer consideró que la víctima debía ser incluída en un programa habitacional.

A más de un mes de haberse cumplido un año del crimen de odio perpetrado aquel 6 de mayo de 2024, la justicia finalmente reconoció que la orientación sexual e identidad de género de las víctimas fue el móvil por el que Barrientos llevó a cabo tan terrible acto. No olvidemos que los gobiernos son responsables de no solo por no crear políticas que reviertan estas situaciones, sino además por los discursos de odio que reproducen y legitiman.

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Un oficial de la Policía de la Ciudad fue el autor de un femicidio seguido de suicidio tras matar de tres balazos, con su arma reglamentaria, a la novia de su expareja. El hecho ocurrió el pasado martes 3 de junio en un gimnasio de la localidad de Moreno. Luego de cometer el delito, el hombre identificado como Gabriel Fernando Danielo se atrincheró en el local durante 10 horas hasta que se suicidó de un disparo en la cabeza. Según informes, el hombre contaba con denuncias previas por violencia de género y había recibido una orden de restricción días atrás.

Fueron horas de mucha tensión en el gimnasio de la calle Roque Sáenz Peña al 2.200, esquina Centenario, donde el agente de policía fue a encontrarse con su expareja, Anabella Viviana Florentín, con quien tenía tres hijos en común. Sin embargo, la actual novia de su ex, Marcela Fabiana Heredia le impidió el ingreso al local, motivo por el cual el hombre le disparó al menos tres veces hasta matarla. Acto seguido, Danielo subió hasta el primer piso, tomó del cuello a Florentín y la apuntó con el arma reglamentaria en la cabeza, hasta que llegó personal policial de la Comisaría Primera, quienes iniciaron una negociación con el femicida.

Horas más tarde, el hombre liberó a su expareja pero se mantuvo atrincherado en el gimnasio mientras 300 agentes de policía montaron un gran operativo en el exterior del local. Tras 10 horas de extrema tensión la situación culminó de manera desgarradora cuando, al final del asedio, Danielo se quitó la vida de un disparo en la cabeza.

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El Gobierno nacional sostiene el mismo lema desde marzo de 2024: ”No hay plata”, y con esa excusa lleva más de un año desfinanciando diferentes sectores de gran importancia para la sociedad, como la salud , la educación, la ciencia, las jubilaciones, entre otros. Tal vez estas políticas de ajuste y represión que viene llevando a cabo el Gobierno de MIlei, hayan sido el empujoncito que faltaba para darle fuerza empírica a la idea de lo colectivo como contrario al individualismo imperante. “Nadie se salva solo” dejará de ser apenas una frase para convertirse en acción el próximo miércoles 4 de junio cuando los feminismos, residentes del Garrahan, científicos del CONICET y el sector de discapacidad se unan a la lucha de los jubilados.

Se cumplen 10 años del primer “Ni una menos”, por lo que diferentes organizaciones feministas decidieron trasladar la histórica manifestación del 3 de junio al miércoles 4 para que coincidiera con la tradicional marcha de los jubilados. “Contra el ajuste y la crueldad, abrazamos a los jubilados”, reza la convocatoria difundida a través de las redes sociales. Luego se sumaron otros sectores en lucha como el de discapacidad, cuya ley de emergencia se vota el mismo día en Cámara de Diputados; los científicos del CONICET, quienes reclaman por mejores salarios y en contra de los despidos; los residentes del Hospital Garrahan y otros hospitales como el Bonaparte, que están siendo desfinanciados, no tienen actualizaciones salariales y algunos sectores corren riesgo de cierre.

En el caso de los jubilados, el mismo 4 de junio se votará en el Congreso de la Nación entre tres proyectos de ley que podrían beneficiar mínimamente la situación de los haberes jubilatorios. Sin embargo, desde el Gobierno nacional adelantaron que el presidente Milei va a vetar cualquier ley que aumente las jubilaciones. “No existen recursos para esta eventual suba, por más que (la oposición) pretenda concretarla. Si no están los recursos, de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de estas características. Caso contrario, el Poder Ejecutivo la va a vetar”, declaró el jefe de gabinete Guillermo Francos. De todas maneras el Gobierno anunció una suba del 2% para el mes de junio y el pago de aguinaldos junto con el bono de 70 mil pesos que sigue congelado desde hace 15 meses. sumando todo esto, el haber de junio quedaría en $527.086.

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El próximo 24 de mayo se realizará la tercera marcha por la Ley de Reparación Histórica Travesti-Trans, la cual consiste en un resarcimiento económico a las personas trans adultas mayores de 40 años que han sufrido violencia institucional y estructural debido a su identidad de género, tanto en dictadura como en democracia. Por realizarse un día antes del 25 de mayo, decidieron llamarlo el día de la patria trans como una forma de concientizar que las y los trans también son parte de nuestra patria.

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Patricia Alexandra Rivas Paladino, integrante de las históricas

“La Ley de Reparación Histórica es una base para personas a las que no nos dejaron ser”, explica Patricia Alexandra Rivas Paladino, integrante de las históricas, un grupo de mujeres trans adultas mayores. Se autodefinen como las sobrevivientes por superar el promedio de vida de 35 años estimado para las personas travestis y trans. “Fui secuestrada en la dictadura en el año 80, a la edad de 14 años, fui torturada y violada 3 veces al día; porque me echaron del colegio; me echaron de la iglesia donde era la primera voz; mi padre me echó de, dijo que prefería tenes un hijo chorro o asesino que un hijo puto. El único medio de vida que me dejaron fue ejercer el trabajo sexual”, señala Patricia con vehemencia y agrega: “Soy sobreviviente de la panamericana y vi cinco chicas morir a mis pies y hasta el día de hoy me siento culpable porque no pude hacer nada por tener que quedarme escondida para que no me mataran a mi”.

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Érika Noemí Moreno, activista travesti-trans de Tierra del Fuego

Erika Noemí Moreno, activista travesti-trans e impulsora de la Ley de Cupo Laboral en Tierra del Fuego, habló con Variete News y declaró: “La gente tiene que entender esta ley porque somos las que estábamos en las esquinas y nos tiraban agua caliente para que no trabajemos, tengamos un poquito de memoria”. “La ley de Cupo Laboral la habíamos pensado para que ingresen las adultas mayores pero no ingresaron todas las adultas mayores entraron a trabajar”, cuestiona Érika y continúa: “Hay personas que tienen 60, 70 años y todavía están en las esquinas. ¿De qué se van a jubilar?, ¿de que van a vivir en su vejez? Es una cuestión generacional la Ley de Reparación Histórica, es para las mayores de 50 años y por única vez”, explica Érika.

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La madrugada del 1 de mayo atentaron contra la casa y el vehículo de la activista trans Claudia Vasquez Haro, en La Plata. Los hechos fueron provocados por un hombre identificado como Leonel Máximo Dominguez, quien desde el tercer piso del edificio de enfrente arrojó piedras y botellas de vidrio hacia la vivienda de la víctima mientras gritaba “hija de puta, te voy a matar”. En el lugar, también funciona la Organización no gubernamental OTRANS, una asociación civil que trabaja por la defensa, promoción y fortalecimiento de los derechos humanos y que preside Vasquez Haro.

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El agresor atacó el vehículo de Vasquez Haro - Foto de OTRANS Argentina

Según informaron a través de las redes de OTRANS Argentina, el agresor mantiene una disputa de años anteriores con Claudia Vasquez Haro. En 2019 Leonel Máximo Dominguez había sido denunciado por su expareja por violencia de género y privación ilegítima de la libertad. La mujer fue acompañada por Haro y otra vecina del lugar, quienes salieron como testigos del hecho. Desde la organización denunciaron que el agresor además consume estupefacientes y pertenece a la barra brava del Club Estudiantes.

La Plata. Atentaron contra la casa de la activista trans Claudia Vasquez Haro y la amenazaron de muerte

“Este hecho es recurrente durante los gobierno de derecha que promueven y fogocitan el odio hacia el colectivo TLGBINBQ+”, declaró la activista trans Claudia Vasquez Haro y continuó: “En 2017, fui víctima de intento de travesticidio en mi propio domicilio, tras haber viajado a la ONU (en Ginebra) a denunciar al Estado argentino por violacion a los derechos humanos del colectivo travesti trans”. Luego recordó un tercer atentado, pero esta vez a la institución que preside. “En 2024 irrumpieron en las oficinas de OTRANS y nos robaron notebooks, cámaras fotográficas profesionales, etc.”. “Lo acontecido la madrugada del primero de mayo, viene en esta misma línea, guarda una íntima relación con las prácticas violentas patriarcales y heteronormativas”, denunció la referente trans.

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A un año del triple lesbicidio de Barracas

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Se cumple un año del triple lebicidio de Barracas, uno de los acontecimientos más tristes y dolorosos que vivió la comunidad LGBTIQ+ de Argentina en los últimos años y que fue negado como crimen de odio por el Gobierno nacional. El 6 de mayo de 2024 un hombre ingresó a la habitación de sus vecinas y arrojó una bomba molotov provocando un gran incendio que acabó con la vida de Pamela, Roxana y Andrea y dejó gravemente herida a Sofía, la única sobreviviente del ataque. Según vecinos del lugar, el asesino amedrentaba a las mujeres por su sexualidad. Las mató por lesbianas.

El acontecimiento se dio en un contexto donde el actual gobierno de ultraderecha de Javier Milei niega los crímenes por motivos de odio y de género. Tal es así que su vocero negó que el triple lesbicidio se tratase de un crimen de odio a la sexualidad de las mujeres. Por su parte el presidente de la nación declaró, durante el último foro en Davos, que quitaría la figura de femicidio de la justicia argentina y negó la existencia de estos crímenes. Además diversas personas y funcionarios cercanos al gobierno, y el propio presidente, se han referido de manera despectiva al colectivo LGBTIQ+ legitimando discursos de odio que nos ponen en peligro.

A un año del triple lesbicidio de Barracas el atacante, identificado como Justo Fernando Barrientos, se encuentra a la espera del juicio oral por una causa sin agravante de odio ni violencia de género. La comunidad LGBTIQ+ realizará este martes una concentración para conmemorar a Pamela, Roxana y Andrea y pedir justicia por sus muertes. Además exigen una reparación para Sofía por ser víctima del ataque lesboodiante que casi le quita la vida y por daños y pérdidas materiales. El encuentro será a las 16 en la Plaza Colombia del barrio de Barracas, ubicada en Avenida Montes de Oca y Pinzón.

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En un fallo histórico, la Corte Suprema de Reino Unido dictaminó hace unas semanas que la definición de “mujer” para la justicia excluye a las mujeres trans. De esta manera el máximo tribunal acordó por unanimidad que la definición de mujer en la legislación de igualdad se refiere a “mujer biológica y sexo biológico”. La decisión de la justicia tiene que ver con una demanda realizada en 2018 por un grupo de activistas en Escocia que reclamaban que la Ley de Igualdad de 2010 debería proteger solo a mujeres biológicas.

Tras las protestas la demanda de este grupo la justicia debía decidir si las mujeres trans con un certificado de reconocimiento de género (CGR, por sus siglas en inglés), son reconocidas legalmente como mujeres con respecto a ciertos derechos. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia de Reino Unido se pronunció respecto al tema y dictaminó que solo serán consideradas mujeres aquellas que lo sean biológicamente. Si bien el caso surge de un debate sobre las leyes escocesas diseñadas para aumentar el número de mujeres en juntas directivas, se contempla que esta decisión repercuta en otros ámbitos.

El avance de los grupos de ultraderecha en el mundo occidental tienen un especial foco de ataque apuntado a la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres. Lo interesante de este conflicto es el enfrentamiento que se produce entre dos sectores oprimidos para retroceder en ciertos aspectos sociales y reivindicar discursos conservadores que atrasan.

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Ni una menos: 10 años de un hito del feminismo argentino

Se registraron 106 intentos de femicidios en los primeros tres meses del año

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Aunque el presidente Milei se empecina en negar la figura del femicidio y amenaza con eliminarla de la justicia, la realidad da cuenta de una problemática que crece cada vez más y se vuelve indispensable tomar medidas políticas para paliar la situación. Según el observatorio de las violencias de género Ahora que sí nos ven se registraron 106 intentos de femicidios en los primero tres meses de 2025, lo que se suma a los 78 asesinatos concretos de mujeres realizados en el mismo periodo de tiempo. Debemos recordar que el número registrado es estimativo debido a que se basa en los casos relevados a través de los medios de comunicación, por lo que es probable que la cantidad sea superior.

La violencia de género sigue siendo una de las principales problemáticas que afrontan las mujeres en la sociedad. A pesar de la visibilización y difusión de estos casos, el número de femicidios se mantuvo más o menos estable en los últimos años, las políticas implementadas por los gobiernos no terminan de producir cambios significativos que se vean reflejados en los datos oficiales. “Seguimos exigiendo la implementación de políticas públicas que prevengan y erradiquen la violencia de género. Estos hechos pueden prevenirse y el Estado tiene la obligación de hacerlo”, reclaman desde la publicación del observatorio.

Además de los 106 intentos de asesinatos de mujeres, el organismo anunció que ya son 78 los femicidios registrados a lo largo de todo el país durante el 2025, siendo Córdoba una de las provincias más afectadas con 7 femicidios en lo que va del año. “Desde ‘Ahora Que Sí Nos Ven’ denunciamos que el recrudecimiento de la violencia por motivos de género está íntimamente relacionado a los discursos negacionistas y odiantes promovidos por Milei y su gabinete, y se ve agravado por la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran muchas mujeres y LGBTIQ+ como consecuencia de las políticas de hambre y precarización que les impide salir de las situaciones de violencia en las que se encuentran”, denuncia el observatorio.

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Tirada en un riachuelo con sus extremidades quebradas, sin poder moverse y ante la indiferencia de la gente, una mujer trans permaneció una hora agonizando tras un feroz ataque por parte de un grupo de hombres, según lo que alcanzó a decir la víctima antes de morir. Sara Millerey era una mujer trans de 32 años víctima de un crimen de odio en Antioquia, al norte de Medellín, Colombia. Su caso estremeció al mundo cuando se viralizó un video totalmente revictimizante donde se la ve tirada en el agua sin poder moverse mientras alguien, movido por el morbo, la filmaba como si de un animal se tratase.

El escalofriante hecho ocurrió el pasado 4 de abril en la ciudad de Bello, departamento de Antioquia (Colombia). Una mujer trans de 32 años identificada como Sara Millerey González Borja, fue brutalmente golpeada y abandonada en un pequeño curso de agua llamado Quebrada La García. Con sus extremidades quebradas y sin recibir ningún tipo de ayuda más que el aviso a las autoridades, la víctima permaneció alrededor de una hora en esa situación hasta ser rescatada por bomberos y la policía local. La joven fue trasladada a un hospital cercano donde, algunas horas más tarde, falleció debido a los golpes.

 

 

En comunicación con Blu Radio el Secretario de Seguridad de Bello, José Rolando Serrano aseguró que existen versiones que apuntan a la participación de bandas delincuenciales en el hecho y que fueron sus miembros quienes no permitieron que los vecinos del lugar ayudaran a la víctima. Se cree que las voces que se escuchan en el video viral pertenecen a la de los agresores. “Vea, aquí no se paren, vea. No se paren, aquí, vea”, dice el hombre que graba el hecho. También se escucha una segunda voz masculina que reafirma: “vea, vea, aquí no se paren mal paridos, vea lo que pasa”. Finalmente se puede sentir la voz de una tercera persona en la filmación que solo dice: “ay, ay, ay, ay”.

Este hecho no es es un acontecimiento aislado, sino que da cuenta de los crímenes de odio y los niveles de discriminación que sufre la comunidad LGBTIQ+, tanto en Colombia como en la región. Según el observatorio de derechos humanos Caribe Afirmativo, ya son 13 las personas de la comunidad Lgbtiq+ asesinadas en el departamento de Antioquia en lo que va de 2025.

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La primera vez que se usó la figura de travesticidio en Argentina fue durante el juicio por el asesinato de la activista trans Diana Sacayán, sin embargo tras cinco años de espera la Corte Suprema de Justicia no avaló que dicho crimen sea considerado como tal. Fue en 2020 cuando el Ministerio Público Fiscal pidió incorporar el agravante de “odio a la identidad de género” al fallo que condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua, tras haber sido considerado autor del asesinato. Por su parte Say Sacayán, hermano de Diana, declaró que pedirá la nulidad de la sentencia.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia responde a un recurso de queja presentado por el fiscal Ariel Yapur y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), contra el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Nacional que decidió quitar el agravante de “odio a la identidad de género” en el asesinato de Diana Sacayán. Este fallo se firmó con el voto de Manuel García-Masilla quien había sido nombrado por decreto por el presidente Javier Milei y quien acaba de renunciar hace unas pocas horas.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia atenta contra la identidad de género de la víctima, ya que no se contempla su asesinato como travesticidio, lo que invisibiliza el contexto de discriminación y violencia que encierra el Crimen de Diana Sacayán por el hecho de ser travesti. Este fallo dictado por un tribunal retrógrado va en consonancia con las ideas del Gobierno nacional, cuyo presidente pretende quitar la figura de femicidio del Código Penal argentino. De todas maneras Say Sacayán, hermano de Diana anunció que pedirá la nulidad de la sentencia.

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