ORGANISMOS DE DDHH ADVIERTEN A KICILLOF SOBRE EL REPUDIABLE ACCIONAR DE LA POLICÍA EN LA PROVINCIA
- POR: Carolina Del Re
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron hoy un escrito conjunto al gobernador Axel Kicillof, para advertir sobre el repudiable accionar de la policía en la Provincia de Buenos Aires. Firmado por las máximas autoridades de ambas entidades, entre las que se encuentra el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, reclaman al Gobernador que la Policía, que conduce el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que se termine con una vieja y repudiable práctica que consiste en trasladar a policías sospechados a otra dependencia donde la comunidad desconoce esa situación.
«Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de trasladarle nuestra honda preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social hacia las mismas. Nos referimos a los traslados de efectivos policiales desde una repartición en la que han tenido una actuación sospechada de delictiva a otra repartición en la que muchas veces suele desconocerse esa circunstancia», explicaron mediante un documento membretado que lleva la firma de Guillermo Torremare, Eduardo Tavani y Soledad Astudillo, presidentes y presidenta de la APDH, y por la Comisión Provincial por la Memoria, con su secretario, Roberto Cipriano García, su presidenta, Dora Barrancos, y su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
El escrito, confeccionado el 20 de julio pero presentado hoy, miércoles 3 de agosto, luego de la recolección de todas las firmas, agrega que ésta cuestionada práctica de traslado de policías cuestionados «es habitual y se remonta en el tiempo» y «es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas, por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito».
El caso de Daiana Abregú
En el documento ejemplificaron con un caso muy reciente, el del comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y el comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal de la misma ciudad, donde el 5 de junio pasado se produjo la muerte de Daiana Abregú. Para los organismos de DDHH, ambos «resultan ser -cuanto menos- responsables funcionales de su deceso, en tanto jefes respectivamente, de la fuerza que estuvo a cargo de su aprehensión y custodia y de la dependencia donde se produjo ese gravísimo hecho, lejos de haber sido separados preventivamente de sus cargos, fueron trasladados a cumplir funciones en la ciudad de Tres Arroyos».
«La persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial –Nro. 13.482- cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación y como en la Provincia», finalizaron, no sin antes pedir al gobernador que «se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada».
Foto: Cristian González
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